Atiende FEADLE caso de amenazas contra periodista chiapaneco

- El reportero de un medio local, recibió amenazas el pasado mes de abril

- Funcionarios del Ayuntamiento de Berriozábal, involucrados

La tarde de éste martes, agentes de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), se reunieron con el periodista Henry Sánchez Núñez, con quien analizaron la denuncia presentada por éste en torno a las amenazas vertidas por personal del Ayuntamiento de Berriozábal, luego que el reportero hiciera públicas una serie de denuncias de corrupción en ese cuerpo edilicio y en contra de los intereses de la sociedad.

Los sub oficiales, Rony Ruiz Reyes y Juan Gabriel Maas Chang, quienes se identificaron mediante credencial oficial de la Procuraduría General de la República (PGR), pidieron al periodista, un relato puntual sobre los hechos del pasado 1 de abril de este año, fecha en que la directora de comunicación social del ayuntamiento de Berriozábal, le hiciera una llamada telefónica presuntamente por órdenes del alcalde Aldert Zepeda, con la intención de intimidarlo y amenazarlo.

Los funcionarios de la PGR, detallaron a Henry Sánchez que éste, es un procedimiento que se sigue de oficio, en virtud de la querella que asentada en la mesa de trámite número uno, de Fiscalía Especializada en Atención de Periodistas y Libertad de Expresión de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que en próximos días, arribará también al estado, el agente del Ministerio Público Federal para levantar la denuncia formal contra los funcionarios responsables.

Sánchez Núñez, por su parte, reconoció el trabajo que tanto autoridades estatales como federales, están realizando en favor de la libertad de expresión y pidió no se permita que funcionarios ni nadie, intenten coartar uno de los principales derechos humanos, que es la libertad de expresión, sobre todo de los comunicadores y periodistas, quienes tienen la responsabilidad de dar voz a quienes sufren abusos de poder.

Cabe señalar, que derivado del trabajo de campo que realizan los agentes, y donde no sólo atienden casos de delitos de servidores públicos, sino de otros de más alto riesgo, solicitaron protección a su identidad, para no entorpecer las investigaciones subsecuentes.