Autoridades de gobierno del estado no se prestaran a chantajes.

Por: Juan Pablo Colli.

Tapachula, Chiapas a 4 de junio de 2010.- Ante las constantes manifestaciones de choferes de la ruta 1 y 4, el ayuntamiento municipal de Tapachula, representantes del gobierno del estado y la secretaría de transporte convocaron a una mesa de diálogo entre los afectados y los patrones de los choferes.

El asesor de la Secretaría del Transporte del Estado, Daniel Barragán Salazar, advirtió que “nadie puede vulnerar la ley”, aclarando que a la mayoría de los participantes en las acciones de protesta no les asiste la razón, porque incluso trabajan actualmente en la ruta 1 o 4 según sea el caso.

El funcionario estatal explicó el gobierno del estado y la secretaría de transporte funge solamente como intermediarios para que los trabajadores lleguen a acuerdos con las empresas, pero todo en base a la negociación y al diálogo, por tanto no se permitirá que se afecten derechos de terceros.

Los representantes de las autoridades del estado y el municipio de Tapachula dejaron en claro que no permitirán violaciones a la ley ni mucho menos chantajes de grupos minoritarios que son manipulados por una persona de nombre Alfonso Figueroa Espinoza, que ha intentado manipular a los choferes a su antojo.

El secretario municipal Laureano Rodríguez Arcuri enfatizó que no es justo ni legal “tener de rehén a la ciudad”, por pleitos entre empresas privadas y sus empleados.

En ese tenor representantes de la secretaría de transporte dejaron en evidencia al líder Figueroa Espinoza al intentar imponer condiciones, cuando el objetivo era negociar.

Alfonso Figueroa Espinosa, pretendía que cada caso en particular se atendiera en una sesión pública, lo que está totalmente fuera de la ley, ya que cada individuo debe solucionar su situación laboral con el respectivo patrón.

Representantes de la Procuraduría del Trabajo y de la Junta de Conciliación y Arbitraje fueron testigos de la reunión, en donde los concesionarios aceptaron analizar cada uno de los casos en forma directa en sus propias oficinas y en caso de haber recisión de la relación laboral proceder a hacer la indemnización correspondiente.

En la reunión se advirtió que en caso de que se vuelva a bloquear el centro de la ciudad, se procederá conforme a la ley, en virtud a los daños que causan a todos los sectores productivos, sobre todo los comerciantes y la ciudadanía en general.

Lo que fue denominado como “imposición de condiciones” se hizo notar cuando los choferes decidieron negociar con lo patrones sin contar con la presencia del presunto líder. El intentar arreglar todos los asuntos en una sesión pública y que a fuerza se reconociera la “antigüedad” como trabajadores del volante no tuvo sustento al no poder comprobar la antigüedad mencionada.

René Sánchez y Emilio Orduña, representantes de las empresas del transporte, Ditramex y Aupanasa, establecieron que a cada uno de los choferes se les atenderá y en caso de que se concluya con la relación laboral se harán las respectivas indemnizaciones y se procedrá conforme a lo que marque la ley.

En esa misma reunión, tanto autoridades como conductores deslindaron de todo tipo de conflicto al nuevo transporte urbano “Tapachulteco”, impulsado por el gobernador Juan Sabines Guerrero, para modernizar al sector en las rutas 1 y 4 de Laureles y Rastro, respectivamente.