En Chiapas se asesora y brinda protección a organismos no gubernamentales.

Por: Juan Pablo Colli. 

Tapachula, Chiapas.- En el marco de una serie de conferencias a universitarios “Hacia una Cultura Universal de los Derechos humanos”, la Fiscal Especializada para la Protección y atención Organismos no Gubernamentales y Defensa de Derechos Humanos, Adriana Rebollo Nucamendi enfatizó que el gobierno chiapaneco hace grandes esfuerzos para tener un mejor trato en derechos humanos. 

Sin embargo, la funcionaria reveló que hay denuncias contra servidores públicos que han violentado a los defensores de derechos humano, el año pasado a la fecha la dependencia ha iniciado 16 averiguaciones previas las cuales llevan un proceso y la mayoría son contra servidores públicos, aunque no precisó a qué dependencias pertenezcan. 

De esas se han resuelto tres a favor de las victimas pero no hay castigos aun pues los acusados han interpuesto recursos legales. “Estamos asesorando y brindando protección a organismos no gubernamentales que defienden derechos humanos y que tengan acceso a impartición de justicia. De aquellos asuntos que se estén quebrantando y posiblemente violando sus derechos humanos” precisó. 

Agregó que velan por que sus garantías procesales sean respetadas y se estén llevando con apego a la ley durante el proceso legal.“Estamos siguiendo lineamiento del gobernador preocupados por que el estado se siga caracterizando por ser un estado amigo tendiente al dialogo y los chiapanecos y visitantes estén seguros que se imparte justicia y no se violenten sus derechos fundamentales”, relató. 

En ese tenor abundó que la Procuraduría General del Estado por instrucciones del Gobernador del Estado está implementando medidas cautelares para la protección física de las victimas antes, durante y después del proceso. 

“Ejemplo de esas medidas es la protección personal que desde hace cinco meses mantiene la premio de derechos humanos, Olga Sánchez”, subrayó. Rebollo Nucamendi señaló que la tortura y el abuso de autoridad por parte de servidores públicos son las arbitrariedades que han padecido los defensores de Derechos Humanos. 

La Fiscal Especializada para la Protección y atención Organismos no Gubernamentales y Defensa de Derechos Humanos Indicó que las sanciones a las que se harían creedores esos servidores públicos son la inhabilitación para ejercer en áreas públicas y hasta cárcel.

“Sobre la importancia de actividades como la hoy brindadas a los universitarios la fiscalía se ha dado a la tarea de estas medidas para que los estudiantes en un futuro que desempeñe en la función pública tengan conocimiento de no violar derechos humanos y sobre todo difundir el desempeño que deben hacer con apego a la ley y seguir los lineamientos del gobernador que todo es bajo legalidad”, concluyó.